Resumen de la legislación española sobre la vid y el vino

            En todos los países vitícolas de Europa, la vid y el vino han merecido una atención preferente por parte de la Administración, en comparación con la dedicada a otros productos agrarios.

            En lo que se refiere a la vid, las diferentes variedades de vitis vinífera, la necesidad del uso de portainjertos para la lucha antifiloxérica, la introducción y expansión de los híbridos productores directos, la valoración de cada variedad de vid en relación con el mercado, la definición de vino y de las diferentes categorías, de familias, etc., dio lugar a una legislación minuciosa sobre variedades de vid autorizadas o recomendadas, portainjertos utilizables, etc.

            En lo que concierne al “vino” este término comprende un amplio conjunto de productos, todos procedentes de la uva pero de notable diversidad, debido a las variables de la climatología y del suelo, las distintas modalidades de elaboración y comercialización, etc.

            La vid es una planta muy sensible a los factores naturales de  clima y de suelo, que ha determinado una diversidad de productos por influencia de estos factores geográficos, que a su vez ha dado lugar a la designación de los vinos por el nombre del área geográfica de procedencia.

            El desarrollo y protección de estos nombres geográficos, como las Denominaciones de Origen, ha exigido el desarrollo de una legislación extensa, no solamente para garantizar el buen uso de dichos nombres geográficos en su propia área de producción, procurando mantener sus caracteres tradicionales y de calidad, sino tambien para proteger estos nombres geográficos fuera de dicha área, procurando su respeto a nivel internacional.

            De otro lado el vino es un producto que se ha prestado a su adulteración; en un principio lo más frecuente consistía en “el bautizo” del vino, es decir en la adición de agua para aumentar el volumen y en consecuencia los beneficios; adulteración que quedó obsoleta cuando el vino fue valorado de acuerdo con su graduación alcohólica, lo que hacía inútil la adición de agua que únicamente afectaba a los costes de transporte a causa del mayor volumen, pero no al valor del vino.

            Después han ido surgiendo otras prácticas no autorizadas, como por ejemplo el sobreprensado de la uva, para obtener mayor volumen de mosto ó de vino, la refermentación de los orujos para aprovechar al máximo la materia colorante de la uva, el uso de antifermentos no autorizados, etc., que han exigido una legislación minuciosa a nivel nacional e internacional.

            Como antecedentes legislativos en España, podríamos remontarnos a épocas antiguas, pero solamente vamos a citar, como ejemplo, el Auto del Concejo de 22 de junio de 1694, que establecía una normativa detallada sobre muchas operaciones de elaboración de los vinos, señalando la fecha de la vendimia, o la fecha de posible expedición de vinos jóvenes al mercado, u otras normas que tenían una finalidad de carácter más económico y protector, como las que se referían a la entrada de vinos de otras zonas geográficas, que en realidad perseguían la protección de los propios vinos de la zona ante la competencia de los foráneos.

            Ya en el siglo XIX el Real Decreto de 11 de marzo de 1892, codifica y perfecciona la normativa dispersa sobre el vino, definiéndolo como el líquido resultante de la fermentación de la uva fresca, excluyendo la adición de toda sustancia extraña a sus componentes naturales. Este Decreto ya establecía un listado de prácticas permitidas y prohibidas en la vinificación.

            En esta época se creó la Estación Enológica Central, a la que siguieron en años sucesivos las Estaciones Enológicas de Haro, Vilafranca del Penedés y la de Requena, que llevaron a cabo una función importante en el tratamiento de las enfermedades de la vid, como el oidium y el mildiu, y particularmente su aportación a la lucha antifiloxérica.

            Estas Estaciones divulgaron los conocimientos técnicos de la época, tanto en lo que respecta al cultivo de la vid como en la elaboración y conservación de los vinos.

            Dejando de lado estos antecedentes, vamos a situarnos en el año 1932, el 8 de septiembre, en que fue aprobado el primer Estatuto del Vino, a nivel de Decreto, si bien fue elevado a Ley el 26 de mayo de 1933. Esta fue la primera Ley nacional reguladora de todas las cuestiones relacionadas con la vid, los vinos y los alcoholes.

            Los siguientes Capítulos han sido redactados en el mes de diciembre de 2010.

     

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